Si llegáramos a identificar indicios de la comisión de algún delito por parte de los deudores, podríamos iniciar acciones penales en contra de sus representantes legales y de los que resulten responsables.

Dicha situación puede motivar a que, por iniciativa propia, los deudores nos pidan tener una mesa de diálogo, a fin de regularizar el pago de la deuda.

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